Con la aprobación unánime en la Cámara de Diputados, se despachó el proyecto de ley sobre Servicios Sanitarios Rurales, iniciativa legal que favorecerá a un millón 700 mil chilenos y chilenas que se abastecen por este tipo de sistemas de agua potable rural en el país, al crearse una nueva institucionalidad que fortalecerá las organizaciones comunitarias que  administran los APR e incorporan el saneamiento de las aguas para éstos. Este proyecto  había sido ingresado al Congreso en el año 2008 durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.
El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, estuvo presente en la Sala junto al Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP, Reinaldo Fuentealba. Al finalizar la votación, el Secretario de Estado destacó que “después de 8 años de tramitación, se aprueba la Ley de Agua Potable Rural que favorece a más de  un millón 700 mil personas, que se abastecen de agua en 1.700 sistemas en distintos lugares de Chile. Esta no sólo impone derechos y deberes a los usuarios, comités y  cooperativas que administran los APR, sino que fortalece la institucionalidad del Estado para entregar un mejor servicio. También  para apoyar a los APR  establece una nueva obligación, que el Ministerio de Obras Públicas se haga cargo del saneamiento”.

La sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en forma unánime, finalizando su tramitación en el Congreso y quedando listo para su promulgación como ley de la República. A su vez, la Sala del Senado aprobó también en forma unánime la iniciativa legal.

El Programa de Agua Potable Rural, APR, se inició en Chile en 1964, en la administración del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, teniendo más de 52 años de vida y es un programa de alto impacto social.

Actualmente existen en Chile 1.736 sistemas de agua potable rural, con una población favorecida de alrededor de 1.700.000 habitantes, lo que da cuenta de su importancia en el abastecimiento de agua potable rural del país. Esto resulta especialmente relevante en las condiciones de creciente sequía que se están enfrentando producto de los cambios climáticos, como se destacó en el debate parlamentario.

El Estado ha desarrollado infraestructura en servicios de Agua Potable Rural por una cifra cercana a US$ 1.500 millones, en los últimos años,  -un 90% de ello desde que el programa pasó al MOP, en 1994-, pero las normas legales por la cual se rigen los sistemas de APR, no permitían avanzar a un mayor desarrollo de estos servicios y, por lo mismo, de las organizaciones de la comunidad que los administran, lo que quedó superado con esta nueva ley.